Un grupo de 22 firmas de abogados en 16 estados de USA quiere iniciar una demanda colectiva nacional contra Toyota Motor Corp., alegando que los vehículos de Toyota han perdido miles de millones de dólares en valor como resultado de la retirada masiva del mercado de sus automóviles para inspección.

¿Cuántos diputados son necesarios para identificar la causa de que un Toyota Prius pierda el control? No, no es una pregunta capciosa. Un panel del Congreso ya ha emitido un informe preliminar sobre el caso de una supuesta aceleración incontrolable en San Diego.

¿Por qué no se dejó esto al peritaje objetivo de la policía o los tribunales? La respuesta a esta pregunta quedó clara durante las audiencias del mes pasado en el Congreso sobre la retirada de circulación de automóviles de Toyota.

En febrero, los ejecutivos de Toyota fueron arrastrados hasta el Congreso supuestamente para que renombrados expertos como Henry Waxman de California, Presidente del Comité de Energía y Comercio del Congreso, pudieran determinar la causa de los casos de aceleración involuntaria, y evaluar el presunto fracaso de Toyota en responder.

Las sesiones dejaron huellas de política por todas partes. En verdad, fue extraño ver cuán fácilmente un observador cuidadoso podría predecir si un cierto diputado defendería o ridiculizaría a Toyota. Bastaba que uno observase qué grupo de presión domina su distrito.

¿Os sorprendería saber que el diputado John Dingell, demócrata de Michigan [estado donde está Detroit, "motor city de USA”, n. del T.], fue extremadamente crítico de Toyota? ¿O que el diputado Henry Cuellar, demócrata de Texas, cuya jurisdicción emplea a miles de trabajadores de Toyota, defendiera a la compañía?

Todo el espectáculo es una galería picaresca de grupos de presión descendiendo sobre Washington.

El Sindicato de los Trabajadores de Automóviles acudió esperando usar los problemas de Toyota como palanca para forzar a la compañía a mantener abierta su única fábrica afiliada al sindicato. El rumor es que algunos sindicalistas esperan incluso sindicalizar todas las fábricas de Toyota en USA. 

Los abogados del caso están babeando ante la perspectiva de aprovechar la disculpa de Toyota para obtener recompensas de cientos de millones de dólares. Y ni siquiera hay necesidad de esperar a que llegue la evidencia, ellos ya tienen sus “expertos”, quienes ya “saben” que Toyota está encubriendo los pedales malditos.

Y luego tenemos el lobby de Detroit, que es difícil de distinguir del propio gobierno ahora que el gobierno tiene una participación accionaria del 60% en General Motors.  Aunque la posibilidad de un problema electrónico en los vehículos resulte infundada, los fabricantes americanos se están beneficiando al prolongar la mala publicidad. 

Cualquiera que piense que los ejecutivos de Toyota fueron citados en el Congreso para discutir la evidencia sobre los automóviles de Toyota no se ha enterado de nada. Independientemente de lo que al final se descubra sobre Toyota, todo ha consistido en una horda de grupos de presión intentando imponer sus agendas económicas a través del poder político.

Pero los grupos de presión son sólo un síntoma. La causa es el poder del gobierno de intervenir en el mercado para elegir ganadores y perdedores. En la industria del automóvil, por ejemplo, el gobierno lo controla todo, desde a quién pueden contratar las compañías de autos (empleados sindicalizados) hasta qué tipo de vehículos están obligados a fabricar (híbridos). 

Y además decide qué negocios son “demasiado grandes para fracasar”, qué industrias “merecen” subsidios masivos, y qué tecnologías no probadas se merecen miles de millones de dólares de “inversiones” de los contribuyentes. Esa es una receta para la guerra de grupos de presión.

No es eso lo que Madison y Jefferson [Padres Fundadores de USA] tenían en mente. Su visión era la de un gobierno estrictamente limitado, que realizaría una función básica: salvaguardar los derechos individuales. Su papel era el de proteger el derecho del individuo a la vida, a la libertad y la propiedad, de las infracciones de matones y sinvergüenzas, al mismo tiempo dejando a la gente libre para producir y comerciar en un mercado libre.

En el sistema americano original, es el papel del mercado escoger a los ganadores y a los perdedores, y es el papel de los tribunales, no del Congreso, el arbitrar disputas como la de Toyota y los conductores dañados en accidentes. 

La verdad es que los problemas de Toyota no deberían ser un asunto político. En un mercado libre, Toyota tendría que resolver los problemas reales o imaginarios de sus automóviles y luchar para restaurar su reputación con los consumidores -- o sufrir las consecuencias.

Y si la compañía fuera declarada culpable de negligencia en un tribunal, debería responsabilizarse y pagar por sus actos. En cualquier caso, no habría necesidad del circo que ahora está ocurriendo, con todo el sucio politiqueo y el intercambio de favores.

Así que aquí hay una propuesta. Que Washington cree un plan para desenredar al gobierno de la economía. Incluso podría comenzar con una investigación del Congreso. 

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