Históricamente, el enorme
aumento de gastos en asistencia médica empezó en la década de 1960, cuando
Medicare y otros programas volcaron miles de millones de dólares en la
industria. Fiscalmente, Medicare se está aproximando a una insolvencia
monumental, con deudas de unos veinte billones de dólares. C
rear otro laberinto burocrático ahora – cuyos proponentes
orgullosamente dirán que sólo costará otro billón de dólares en diez años – sólo
garantizará precios más altos, y una crisis
aún mayor en la próxima década.
Pero tales argumentos económicos no han impedido más intervenciones gubernamentales, y deberíamos preguntarnos por qué.
La razón es que los defensores de la medicina gubernamental mantienen que la asistencia médica es un derecho moral. El objetivo moral de un "derecho" a la asistencia médica es lo que está cegando a la gente a entender la relación de causa y efecto entre las acciones del gobierno y el aumento de los precios.
Pero la idea misma de que la asistencia médica – o de cualquier bien suministrado por otros – es un "derecho" es una contradicción. Los derechos consagrados por la Declaración de Independencia fueron la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cada uno de estos es un derecho a actuar, no un derecho a cosas. " Para garantizar estos derechos se instituyen los gobiernos", es decir, para garantizar los derechos de cada persona a ejercer su libertad en la búsqueda de su propia felicidad.
Por esta forma de entender los derechos, nadie puede obligarte a actuar en contra de tus propios intereses, siempre y cuando tú no exijas que otros actúen en contra de sus propios intereses. No existe el derecho a un buen resultado – ni el derecho a comida, vestido, vivienda, o seguridad económica – sólo el derecho a perseguir ese resultado, con la cooperación voluntaria de los demás si quieren ofrecerla.
Pero observa lo que significaría el derecho a un resultado garantizado. Requeriría infringir en las vidas y la libertad de aquellos que están forzados a proporcionarlo. Si hay un derecho a la comida, debe haber agricultores que lo proporcionen – o contribuyentes obligados a pagar por ello. Los planes médicos del gobierno que tienen privilegios exclusivos, como Medicare, han institucionalizado la fuerza contra los que deben proporcionar el clamado "derecho". Pero ni el principio ni las consecuencias cambian si la fuerza se reparte entre millones de personas en forma de impuestos.
Estos dos conceptos de derechos – derechos como el derecho a la libertad, versus derechos como derecho a las cosas – no pueden coexistir en el mismo sentido al mismo tiempo. Si yo invoco que mi derecho a la vida significa mi derecho a la medicina, estoy exigiendo el derecho a obligarles a otros a producir los valores que yo necesito. Esto acaba siendo una negación de la soberanía personal y de los derechos individuales.
Para reformar la industria de asistencia médica debemos cuestionar la premisa que hizo posible la intervención inicial del gobierno. La premisa moral es que la atención médica es un derecho. No lo es. No había "derecho" a tal servicio antes de que los médicos, hospitales y empresas farmacéuticas lo produjeran. No existe ningún "derecho" a nada que otros estén obligados a producir, porque nadie puede clamar un "derecho" a forzar a otros a proporcionarlo. La asistencia médica es un servicio, y para recibirlo todos nosotros dependemos de profesionales que piensan. Colocar a los médicos bajo las riendas de control burocrático es una invitación al desastre.
La premisa económica es que el gobierno puede crear prosperidad mediante la redistribución de la riqueza de sus ciudadanos. Este es el camino a la bancarrota, no a la prosperidad universal. Esta verdad se está materializando ante nuestros ojos, al dispararse los precios de la medicina con cada nueva intervención, mientras enfrentamos los mayores déficits en la historia de la humanidad.
Si el Congreso quiere resolver los temas de la asistencia médica, puede empezar con tres cosas: (1) la reforma de responsabilidad civil, liberando a los especialistas médicos de sus costos de seguro de cientos de miles de dólares; (2) la reforma de Medicare, enfrentando abiertamente la insolvencia de este programa; (3) la reforma regulatoria, eliminando las costosas reglas que obligan a los médicos, a los hospitales y a las compañías farmacéuticas (los que producen la asistencia que otros después claman como un "derecho") a satisfacer exigencias burocráticas en vez de aportar valor a sus pacientes.
Pero tales argumentos económicos no han impedido más intervenciones gubernamentales, y deberíamos preguntarnos por qué.
La razón es que los defensores de la medicina gubernamental mantienen que la asistencia médica es un derecho moral. El objetivo moral de un "derecho" a la asistencia médica es lo que está cegando a la gente a entender la relación de causa y efecto entre las acciones del gobierno y el aumento de los precios.
Pero la idea misma de que la asistencia médica – o de cualquier bien suministrado por otros – es un "derecho" es una contradicción. Los derechos consagrados por la Declaración de Independencia fueron la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cada uno de estos es un derecho a actuar, no un derecho a cosas. " Para garantizar estos derechos se instituyen los gobiernos", es decir, para garantizar los derechos de cada persona a ejercer su libertad en la búsqueda de su propia felicidad.
Por esta forma de entender los derechos, nadie puede obligarte a actuar en contra de tus propios intereses, siempre y cuando tú no exijas que otros actúen en contra de sus propios intereses. No existe el derecho a un buen resultado – ni el derecho a comida, vestido, vivienda, o seguridad económica – sólo el derecho a perseguir ese resultado, con la cooperación voluntaria de los demás si quieren ofrecerla.
Pero observa lo que significaría el derecho a un resultado garantizado. Requeriría infringir en las vidas y la libertad de aquellos que están forzados a proporcionarlo. Si hay un derecho a la comida, debe haber agricultores que lo proporcionen – o contribuyentes obligados a pagar por ello. Los planes médicos del gobierno que tienen privilegios exclusivos, como Medicare, han institucionalizado la fuerza contra los que deben proporcionar el clamado "derecho". Pero ni el principio ni las consecuencias cambian si la fuerza se reparte entre millones de personas en forma de impuestos.
Estos dos conceptos de derechos – derechos como el derecho a la libertad, versus derechos como derecho a las cosas – no pueden coexistir en el mismo sentido al mismo tiempo. Si yo invoco que mi derecho a la vida significa mi derecho a la medicina, estoy exigiendo el derecho a obligarles a otros a producir los valores que yo necesito. Esto acaba siendo una negación de la soberanía personal y de los derechos individuales.
Para reformar la industria de asistencia médica debemos cuestionar la premisa que hizo posible la intervención inicial del gobierno. La premisa moral es que la atención médica es un derecho. No lo es. No había "derecho" a tal servicio antes de que los médicos, hospitales y empresas farmacéuticas lo produjeran. No existe ningún "derecho" a nada que otros estén obligados a producir, porque nadie puede clamar un "derecho" a forzar a otros a proporcionarlo. La asistencia médica es un servicio, y para recibirlo todos nosotros dependemos de profesionales que piensan. Colocar a los médicos bajo las riendas de control burocrático es una invitación al desastre.
La premisa económica es que el gobierno puede crear prosperidad mediante la redistribución de la riqueza de sus ciudadanos. Este es el camino a la bancarrota, no a la prosperidad universal. Esta verdad se está materializando ante nuestros ojos, al dispararse los precios de la medicina con cada nueva intervención, mientras enfrentamos los mayores déficits en la historia de la humanidad.
Si el Congreso quiere resolver los temas de la asistencia médica, puede empezar con tres cosas: (1) la reforma de responsabilidad civil, liberando a los especialistas médicos de sus costos de seguro de cientos de miles de dólares; (2) la reforma de Medicare, enfrentando abiertamente la insolvencia de este programa; (3) la reforma regulatoria, eliminando las costosas reglas que obligan a los médicos, a los hospitales y a las compañías farmacéuticas (los que producen la asistencia que otros después claman como un "derecho") a satisfacer exigencias burocráticas en vez de aportar valor a sus pacientes.
Asistencia médica: ¿Por qué
llamarla un "derecho"
?
Por John David Lewis
Después de cincuenta años de programas
gubernamentales cada vez mayores, los costos de asistencia médica continúan
subiendo.
El gobierno de los EE.UU.
controla actualmente casi la mitad de todos los dólares gastados en asistencia
médica, y la crisis se está agravando seriamente.
Los planes que vemos desde
Washington no son innovaciones, sino extensiones de las intervenciones
gubernamentales que hemos aceptado durante tres generaciones.
Pero en vez de asumir que más participación del gobierno es la respuesta, ¿no deberíamos al menos considerar que el origen del problema puede estar precisamente en esas intervenciones? Y, más a fondo, ¿no deberíamos de alguna forma considerar que el motivo de este modelo que ya dura décadas no es económico, sino moral: la noción que las personas tienen un "derecho" a la asistencia médica?
Pero en vez de asumir que más participación del gobierno es la respuesta, ¿no deberíamos al menos considerar que el origen del problema puede estar precisamente en esas intervenciones? Y, más a fondo, ¿no deberíamos de alguna forma considerar que el motivo de este modelo que ya dura décadas no es económico, sino moral: la noción que las personas tienen un "derecho" a la asistencia médica?
Artículo
traducido y publicado por Objetivismo.org con permiso del autor.
Prohibida la reproducción.
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La Asistencia Sanitaria No Es un Derecho - Leonard Peikoff (en 3 partes)
La Asistencia Sanitaria No Es un Derecho - Leonard Peikoff (en 3 partes)