La Constitucionalidad de la Reforma Sanitaria en USA
Quienes redactaron la Constitución americana fueron muy conscientes de la necesidad de establecer límites firmes y
específicos a los poderes del gobierno. Cientos de años de monarquía británica,
así como el estudio de fracasos de formas de gobierno
que se remontaban a la antigua Grecia y Roma, moldearon la madurez de su
comprensión en cuanto a los peligros del poder del gobierno.
Estaban convencidos de que, a menos que el gobierno estuviera limitado a esas pocas funciones que sólo él puede realizar, su poder crecería inexorablemente hasta controlarlo todo. Tenían razón.
En los recientes debates que condujeron a la aprobación de Obamacare no se hizo casi ninguna alusión a la existencia de la Constitución ni a la Declaración de Derechos. Una excepción fue el alegar tener autorización constitucional, invirtiendo el claro significado de "promover el bienestar general". La forma típica de esa inversión fue citar una cláusula mientras se ignoraba el contexto del resto del documento. Así, se confirmó un "derecho" constitucional inexistente a la asistencia sanitaria, un "derecho" que destruye los obvios derechos de los médicos a dirigir sus propias consultas, de los pacientes a tomar sus propias decisiones de salud y de seguro, y de los individuos a guardar o gastar su propio dinero.
Otra afirmación frecuente, y la inversión que supone en su significado e intención, tuvo que ver con el poder del gobierno de regular el comercio interestatal, es decir, de evitar barreras internas al comercio. Esa cláusula, interpretada fuera de contexto, le permite al gobierno controlar prácticamente a cada individuo y decisión de negocios. Mientras el gobierno les niega a los americanos el comercio interestatal al prohibirles que compren el seguro de salud en otros estados, Obamacare les obliga a comprar el seguro obligatorio en sus propios estados.
Las disposiciones del gobierno de promover el bienestar general y regular el comercio no pueden interpretarse "independientemente de cualquier otra disposición de esta Constitución", y no sustituyen a la Declaración de Derechos que modificó la Constitución.
La Constitución le permite al Congreso y al presidente gravar para obtener ingresos, pero no a utilizar los impuestos para castigar a los ciudadanos. El poder de castigar le pertenece a los tribunales.
El gobierno no puede propiamente recaudar impuestos de los ciudadanos como castigo por comprar o dejar de comprar cigarrillos o alcohol, ni tampoco por dejar de comprar un seguro de salud. Además, el gobierno no puede cobrar impuestos sobre tus ingresos ni tus beneficios del seguro (cuando no eres miembro de un sindicato), si ha de haber igualdad de protección bajo la ley.
Todos los poderes delegados deben ser interpretados en el contexto de la Constitución y la Declaración de Derechos como un todo. El gobierno no puede albergar a un soldado en tu casa para asegurarse de que vas a comprar el seguro (Tercera Enmienda). No puede prohibirte hablar o publicar lo que quieras simplemente porque no quieres comprar el seguro (Primera Enmienda). No puede confiscar tu propiedad sin compensación, por no comprar el seguro (Quinta Enmienda).
Estaban convencidos de que, a menos que el gobierno estuviera limitado a esas pocas funciones que sólo él puede realizar, su poder crecería inexorablemente hasta controlarlo todo. Tenían razón.
En los recientes debates que condujeron a la aprobación de Obamacare no se hizo casi ninguna alusión a la existencia de la Constitución ni a la Declaración de Derechos. Una excepción fue el alegar tener autorización constitucional, invirtiendo el claro significado de "promover el bienestar general". La forma típica de esa inversión fue citar una cláusula mientras se ignoraba el contexto del resto del documento. Así, se confirmó un "derecho" constitucional inexistente a la asistencia sanitaria, un "derecho" que destruye los obvios derechos de los médicos a dirigir sus propias consultas, de los pacientes a tomar sus propias decisiones de salud y de seguro, y de los individuos a guardar o gastar su propio dinero.
Otra afirmación frecuente, y la inversión que supone en su significado e intención, tuvo que ver con el poder del gobierno de regular el comercio interestatal, es decir, de evitar barreras internas al comercio. Esa cláusula, interpretada fuera de contexto, le permite al gobierno controlar prácticamente a cada individuo y decisión de negocios. Mientras el gobierno les niega a los americanos el comercio interestatal al prohibirles que compren el seguro de salud en otros estados, Obamacare les obliga a comprar el seguro obligatorio en sus propios estados.
Las disposiciones del gobierno de promover el bienestar general y regular el comercio no pueden interpretarse "independientemente de cualquier otra disposición de esta Constitución", y no sustituyen a la Declaración de Derechos que modificó la Constitución.
La Constitución le permite al Congreso y al presidente gravar para obtener ingresos, pero no a utilizar los impuestos para castigar a los ciudadanos. El poder de castigar le pertenece a los tribunales.
El gobierno no puede propiamente recaudar impuestos de los ciudadanos como castigo por comprar o dejar de comprar cigarrillos o alcohol, ni tampoco por dejar de comprar un seguro de salud. Además, el gobierno no puede cobrar impuestos sobre tus ingresos ni tus beneficios del seguro (cuando no eres miembro de un sindicato), si ha de haber igualdad de protección bajo la ley.
Todos los poderes delegados deben ser interpretados en el contexto de la Constitución y la Declaración de Derechos como un todo. El gobierno no puede albergar a un soldado en tu casa para asegurarse de que vas a comprar el seguro (Tercera Enmienda). No puede prohibirte hablar o publicar lo que quieras simplemente porque no quieres comprar el seguro (Primera Enmienda). No puede confiscar tu propiedad sin compensación, por no comprar el seguro (Quinta Enmienda).
El obvio subterfugio de afirmar que a nadie se le obliga (o sea, se le fuerza) a comprar un seguro porque no es una multa, sino sólo un impuesto de $750 si no lo hacen, ignora el hecho de que el poder de gravar es el poder de destruir.
El gobierno federal no puede forzar a los estados a constituir, financiar y gestionar empresas de seguros. La Declaración de Derechos no le da al gobierno federal absolutamente ningún poder en cuanto a la asistencia sanitaria (Décima Enmienda).
Y, lo que es más importante, hay que recordar que la Constitución y la Declaración de Derechos no fueron escritas y ratificadas por los estados con el fin de permitirles a los políticos total libertad para controlar todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Fueron escritas exactamente con el propósito opuesto: permitir que los americanos fueran libres. Obamacare flagrantemente viola ese principio.
No se debe permitir que continúe.
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La Constitución americana y la Declaración de Derechos no fueron
escritas y ratificadas por los estados con el fin de permitirles a los políticos total libertad para controlar todos los
aspectos de nuestra vida cotidiana.
Fueron
escritas exactamente con el propósito opuesto: permitir que los americanos fueran
libres.
Obamacare flagrantemente viola ese principio.
por Richard Ralston
Usado con permiso.
